Para quienes firmaron sus contratos de alquileres hace un año, el aumento ya superó el 47% mientras que la incertidumbre que genera el ICL pone en vilo a los locatarios. Principalmente entre quienes no trabajan en relación de dependencia o bien aquellos que sí están registrados pero sus salarios no se actualizan bajo convenios colectivos que logren empatarle a la inflación.
El Colegio de Corredores Inmobiliarios cuenta con Tribunales de Ética y Disciplina, entre sus funciones está la responsabilidad de hacer cumplir el reglamento que garantiza el correcto y apropiado funcionamiento de las competencias profesionales y éticas de los Corredores Inmobiliarios.
El Corredor Inmobiliario Adrián Bosch es Juez titular de la Sala I; al ser consultado sobre la ley de alquileres y las potenciales denuncias que pudieran haber recibido por su incumplimiento, el mismo afirma que “por el momento no hemos recibido ningún tipo de denuncia, no obstante ello desde el Colegio se insta a todos sus matriculados a que en su asesoramiento a propietarios e inquilinos, compradores y vendedores, siempre se respete la ley”. Asimismo, manifestó que hay cosas que pueden gustar o no de la normativa, pero que la misma está para cumplirse y hay que respetarla.
El Juez también señala que no han notado un aumento de la conflictividad respecto a la ley de alquileres en sí; sin embargo, a causa de la inflación, se ve un aumento considerable en los valores de los nuevos contratos.
Respecto al impacto que tuvo la nueva legislación, el Corredor Inmobiliario y Juez planteó: “Mucha gente, ante como está planteada la ley, decidió poner el inmueble en venta y eso hizo que se redujera la oferta de viviendas en alquiler de una manera sensible. Eso también empujó algunos valores hacia arriba, acá el mayor problema que no debemos olvidar es el proceso inflacionario y que nos está perjudicando a todos. Mientras que especialmente lo hace con las personas que cuentan con menor capacidad adquisitiva de ingresos y eso es algo que no debemos dejar de ver como problemática.”
En referencia a cuál es su visión sobre el acceso a la vivienda y la inexistencia de créditos hipotecarios, Adrian Bosch no dudó en afirmar que es probable que los efectos se sigan incrementando y añadió: “el derecho a la vivienda es un derecho constitucional y quien tiene que tutelar los derechos constitucionales es el Estado, que, por medio de políticas públicas, tiene que promover el acceso a la vivienda, con una fuerte intervención en el desarrollo de viviendas sociales. El Juez manifestó que considera que la solución radica en aumentar el índice de empleo y que esto genere mejoras en los sueldos; un mayor poder adquisitivo que permita el acceso a créditos o programas de acceso a la vivienda. Por último, agregó que “el acceso a la vivienda no es solamente ser propietario. Si no puedo comprarla, se puede alquilar una vivienda digna y tener los medios económicos para poder alquilarla. Eso también es respetar los derechos”. Asimismo, consideró que la inestabilidad económica y laboral, sumados al proceso inflacionario hacen que no se pueda prever la cuota de un crédito y agregó “Primero, en la actualidad el crédito no existe; luego la inestabilidad laboral genera dudas en cuanto a la posibilidad de sostener una cuota durante 5 o 10 años”
